El propietario o el ocupante de una vivienda o local no puede realizar en ellos actividades prohibidas en los estatutos, dañosas para la finca o que contravengan disposiciones generales sobre actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.

Si realiza tales actividades, el Presidente de la Comunidad,
a iniciativa propia o de cualquier propietario, puede requerir el cese de tales actividades. Si el infractor persiste en su conducta, el Presidente podrá entablar una acción judicial de cesación, previo acuerdo en tal sentido de la Junta de Propietarios.

El Juez podrá acordar como medida cautelar la cesación de la actividad prohibida.

Si estima la demanda, el Juez podrá ordenar el cese definitivo de la actividad, la indemnización de los daños y perjuicios causados y la privación del uso de la vivienda o local durante un plazo máximo de tres años.